Ante la realidad impuesta por el nuevo llamado a elecciones para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo y, observando la presentación de innumerables aspirantes a este importante cargo público, quienes por otra parte no exhiben contenidos y/o propuestas que permitan analizar y reflexionar sobre las posibilidades que se nos presentan, creo necesario y oportuno presentar nuevamente el trabajo que expuse públicamente en setiembre del año 2008, en oportunidad de presentarme como candidato a Defensor del Pueblo, en el fallido y fraudulento intento de elecciones de aquel entonces.
He tomado esta determinación, ya que por diversas causas y/o circunstancias, se aprecia una innegable desnaturalización de la figura y representatividad del Defensor del Pueblo y, además, aprecio una importante confusión e ignorancia en todos aquellos que tenemos la responsabilidad de elegir a este relevante funcionario público.
Espero que este pequeño aporte sirva para la sana discusión y reflexión sobre esta importante institución establecida en nuestra Carta Orgánica por nuestros legítimos representantes.
No olvidemos que:
"En el momento en que el pueblo está
legítimamente reunido como cuerpo soberano cesa toda jurisdicción del gobierno,
se suspende el poder ejecutivo y la persona del último ciudadano es tan sagrada
e inviolable como la del primer magistrado, porque allí donde se encuentra el
representado no hay más representante.-"
( Jean
Jacques Rousseau)
EL
DEFENSOR DEL PUEBLO
Setiembre de 2008.
Conceptualización:
Las democracias constitucionales prevén la división de
poderes y otras medidas tendientes a evitar la excesiva concentración de poder
en los distintos entes políticos gubernamentales. También -y esto es puesto en
evidencia en distintas normas constitucionales y procesales- se pone de relieve
la necesidad de institucionalizar la “función de control”, no para
obstruir u obstaculizar el normal funcionamiento de los órganos de gobierno
sino para contribuir de esta forma a una mayor y efectiva forma de
participación que influya –de alguna manera- en las decisiones políticas
necesarias para salvaguardar el orden jurídico y los derechos y garantías
establecidos tanto en nuestras constituciones y cartas orgánicas, como en los
tratados y pactos internacionales que hoy cuentan con rango constitucional.
Es así que nace la figura del Defensor del Pueblo como
un control autónomo (un órgano extra-poder,
según algunos constitucionalistas) que regula y garantiza la efectiva
aplicación y vigencia del marco jurídico e institucional y contribuye a imponer
un mayor equilibrio entre los poderes del Estado. Además, toma partido en la
defensa de los derechos y garantías de los individuos, interviniendo incluso en
los casos en que resulten afectados derechos colectivos o difusos, dando plena
legitimidad a los diferentes reclamos sociales que en tal sentido se producen.
Esto es así y constituye norma suprema que debe ser
respetada por los poderes públicos y los particulares a partir del sustento
jurídico contemplado en nuestra Constitución Nacional (Arts.43 y 86), en la Constitución de la Provincia (Art.124) y en
la Carta Orgánica
Particularmente, en nuestro ordenamiento
jurídico-institucional local, el Defensor del Pueblo se construye como
consecuencia de distintos reclamos sociales producidos en razón de un poder municipal concentrado
excesivamente en la figura del Intendente, a expensas de la ausencia cada
vez más pronunciada del hasta ayer Concejo Deliberante; poder municipal que
progresivamente fue constituyéndose en adulador y complaciente socio del
departamento ejecutivo. Así lo interpretaron los convencionales municipales
al incluir en nuestra Carta Orgánica esta figura constitucional, representativa
de las nuevas democracias e instituida en garantía de los derechos ciudadanos.
Quien asuma la responsabilidad de ejercer este cargo por
primera vez en Villa Carlos Paz, tendrá un doble compromiso: primero deberá organizar
la Defensoría
del Pueblo, dotándola de una estructura dinámica, eficiente y eficaz e
instrumentando modernas formas de trabajo participativo. En segundo
lugar deberá escuchar e interpretar las demandas sociales y a partir de
ellas construir un proyecto claro y perfectamente definido, desde el
cual se conteste a esas demandas y se protejan los derechos tanto particulares
como aquellos colectivos o difusos.
Los derechos y garantías tutelados en nuestro
ordenamiento jurídico nacional, provincial y municipal, serán protegidos por la
acción del Defensor del Pueblo atendiendo a que por su intermedio se supervisa
la correcta aplicación de toda legislación vigente y se protegen los derechos y
garantías del pueblo, ante hechos, actos u omisiones del Estado Municipal.
También esta figura estará presente cuando se produzcan demandas de los
ciudadanos o de las diversas instituciones, a raíz de situaciones resultantes
de las relaciones con otras jurisdicciones estatales. El Defensor del Pueblo de
esta ciudad, podrá realizar toda petición o reclamo necesario a los responsables
de otras jurisdicciones, pudiendo además actuar en forma conjunta con otras
defensorías, sean de nivel nacional o provincial.
No obstante estas generalizaciones
-desde mi particular punto de vista- opino que debe trabajarse orgánicamente y
en forma debidamente planificada, atendiendo a tres ejes fundamentales:
1.
El Político-institucional.
2.
El individual o particular
3.
El colectivo-social
1- Eje político-institucional:
Dentro de este eje se contemplarán
todas las acciones debidamente planificadas que tengan por objetivo la supervisión
de la acción estatal, el acatamiento incondicional de las disposiciones
legales y la correcta prestación de los servicios públicos desde
criterios de equidad, razonabilidad y justicia. De esta forma, el Defensor del
Pueblo será el principal garante de la Carta Orgánica
Municipal y quien verificará el cumplimiento de sus disposiciones en beneficio
de todos los vecinos.
2- Eje individual o particular:
Aquí se considerará la situación del vecino o ciudadano en
cuanto a sus derechos y garantías individuales, así como en referencia a todos
aquellos aspectos que guarden relación con los derechos personales cuya defensa y respeto se encuentran
consagrados en nuestro régimen constitucional -incluyendo los derechos
sociales-. Especialmente, aquellas situaciones que se relacionen con nuestros niños, jóvenes y adultos de la tercera edad.
El Ciudadano-Vecino requiere tener
asegurados derechos elementales que hacen a su vida en comunidad y que además
constituyen el fundamento principal de su dignidad como persona. La justicia, la salud, la educación y el
trabajo se constituyen en valores fundamentales para la vida del
ciudadano, pero no es menor la incidencia de cuestiones como la seguridad ciudadana,
el acceso a una vivienda digna, la inclusión social, la defensa del ambiente para una mejor
calidad de vida; la preservación de las
riquezas naturales, paisajísticas y/o turísticas; etc.
También existe la necesidad de que se
protejan aquellos derechos individuales y los
derechos difusos, reconocidos por las sociedades más avanzadas, tales
como los de libre asociación,
participación ciudadana y libertad
de opinión, o bien aquellos que hacen a los desarrollos profesionales, comerciales o industriales.
3- Eje colectivo-social:
Este eje, es de significativa
importancia en razón de la relevancia que debe darse a nuestra estructura
social como promotora de relaciones colectivas tendientes al bien común y como
productora de bienes y servicios sociales para la satisfacción de necesidades
comunitarias.
Al considerarse el ámbito colectivo-social,
comienzan a tomar significativa relevancia los derechos colectivos o difusos
que se relacionan con nuestra vida en comunidad y que indudablemente hacen a la
cohesión y pervivencia del cuerpo social. Esto tiene relación con la plena
participación política, económica, social y cultural no solo de personas sino
también de asociaciones, desde principios de libertad, igualdad y solidaridad.
La acción del Defensor del Pueblo
–dentro de este particular eje- deberá enmarcarse en una correcta y amplia relación con los
distintos centros vecinales, organizaciones
empresarias (industriales, comerciales y de servicios), entidades gremiales, colegios profesionales, organismos no
gubernamentales, fundaciones o cualquier otro ente de similares características,
cuyo fin último sea la de dar respuesta a necesidades colectivas de toda la
sociedad o de algún sector en especial.
De esta forma la Defensoría del
Pueblo podrá ser contestataria de las demandas y reclamos sociales en
forma y tiempo reales, habida cuenta que de alguna manera estos entes son los
“ojos y oídos” que nos permiten ver la situación de todo el entramado social y
permiten visualizar concretamente cuales son las carencias y reclamos de los
sectores que componen nuestra estructura social. No podemos dejar de lado el
hecho de que todos estos entes son
verdaderos espacios de participación
para que las personas efectúen valiosos aportes a la sociedad en su conjunto o pongan
de manifiesto sus peticiones y reclamos a las autoridades constituidas.
Los ejes enunciados y desarrollados, permitirán establecer
una forma orgánica para que el Defensor del Pueblo cumpla su cometido. Este
ordenamiento facilitará planear la actividad dentro de un contexto que contiene
una realidad por demás compleja y nos revela una población altamente insatisfecha
en cuanto a sus demandas sociales y particulares. Hacerlo desde otra
perspectiva nos llevaría a desfocalizar la problemática existente y por
consiguiente a errar el rumbo que deberíamos imponer a nuestras acciones desde la Defensoría
del Pueblo, institución ésta que debemos preservarla de los vicios habituales que
tiene el Estado y mantenerla alejada de las vinculaciones al
poder político que pudieran poner en peligro el fundamento de su
creación.
Finalidades de la defensoría del
pueblo
Atendiendo a las finalidades y funciones que nuestra Carta Orgánica Municipal
establece para la
Defensoría del Pueblo, podemos establecer el siguiente
esquema:
- Velar por el orden jurídico-institucional establecido en nuestra Carta Orgánica Municipal, a los fines de garantizar el pleno respeto de los derechos ciudadanos y la consolidación de una comunidad en la que imperen los principios de libertad, igualdad ante la ley, equidad, legalidad, razonabilidad y justicia.
- Defender los derechos de los ciudadanos, tanto personales o aquellos colectivos o difusos.
- Vigilar los hechos y omisiones de la administración pública.
- Cuidar la adecuada prestación de los servicios públicos de forma tal que se asegure el bienestar general y la calidad de vida de la población.
- Supervisar la correcta aplicación de las ordenanzas y demás normas que hacen al orden legal instituido en el Municipio.
- Velar por el especial cumplimiento de lo
prescripto por nuestra Carta Orgánica Municipal en cuanto al Desarrollo humano y Comunitario
(art.38º), así como también lo referido a Políticas
para las personas (Capítulo I, de
- Promover la inserción social de jóvenes, adolescentes y niños, cuidando que su formación se establezca a partir del respeto hacia sus pares y los demás miembros de la comunidad y su desarrollo se vea favorecido por una adecuada contención social y afectiva.
- Actuar como nexo entre las necesidades de los vecinos y las dependencias públicas encargadas de su satisfacción.
- Otras.-
COMPETENCIA.
Para el cumplimiento de las
finalidades y funciones enunciadas, el Defensor del Pueblo dispone distintas atribuciones:
·
Investiga los
posibles desvíos o abusos de poder de parte de las instituciones públicas y sus
funcionarios.
·
Realiza el seguimiento de toda irregularidad que sea notoria y profundiza el
análisis de sus causas para impedir todo efecto nocivo o pernicioso para la
sociedad.
·
Impulsa
acciones
para disponer el cese de tales acciones perjudiciales para la comunidad y los
ciudadanos.
·
Promueve toda actividad que permita establecer la plena vigencia de los derechos de los ciudadanos y la sociedad en
su conjunto (Derechos personales, derechos difusos, defensa del ambiente, etc.).
·
Requiere
información
a todo ente público, investiga y toma decisiones, produciendo informes hacia la
administración pública, sus órganos legislativos y/o de control, etc.
·
Requiere la comparencia de todo funcionario o personal del Municipio, que pueda brindar información útil a sus
investigaciones.
·
Dispone de legitimación procesal;
esto es que puede promover acciones
judiciales, estar en juicio, etc.
·
Posee iniciativa legislativa, lo que le
permite presentar proyectos ante el
Concejo de Representantes y participar de sus sesiones, con voz pero sin voto.
·
Puede establecer convenios con otras instituciones gubernamentales o bien con
organizaciones no gubernamentales.
Además debe
cumplir con los deberes que le son
asignados:
- Llevar un libro de reclamos.
- Receptar denuncias.
- Efectúa investigaciones de oficio o a petición de parte.
- Interpone acciones y recursos judiciales o extrajudiciales.
- Responder los informes que le sean requeridos, en tiempo y forma.
- Confeccionar una memoria anual de lo actuado e informar a la opinión pública.
- Informar y rendir cuentas anualmente al Concejo de Representantes e Intendente.
- Elevar
el presupuesto anual de
- Promover e impulsar la mediación vecinal.
- Debe formular juicios y materializarlos como reclamos, sugerencias, recomendaciones o propuestas.
ESTRUCTURA.
A la Defensoría del Pueblo
deberá dotársele de una estructura adecuada,
dinámica y acorde a las exigencias de idoneidad y
transparencia, sin dejarse de lado las posibilidades técnicas, sociales y
económicas. La meta principal sería la de crear
un organismo con altos niveles de
eficiencia y eficacia, de forma tal que cumpla cabalmente con su cometido a
partir del uso racional de los recursos asignados.
En tal sentido, debe comenzarse desde un pormenorizado
análisis de las áreas que hacen a la competencia del Defensor del Pueblo, la
que podremos sintetizar así:
a) De administración y Presupuesto.
b) De asuntos jurídicos y asesoría letrada.
c) De
mediación y arbitraje.
d) De los derechos humanos –individuales y
sociales-.
e) De
los derechos difusos o colectivos.
f) De integración social.
g) De
la familia, juventud, adolescencia,
niñez y tercera edad.
h) De relaciones institucionales.
i) De defensa del ambiente
j) De asuntos
comunitarios.
k) De defensa del consumidor
l) Otras.
Estas áreas
de competencia exigen organización interna, sistematización
administrativa y recursos suficientes, de forma tal que se llegue a los
objetivos propuestos en cada uno de los planes diseñados. Para ello es
necesario proponer una estructura
organizativa, cuya dimensión y alcances estarán dados por esas áreas de
competencia, pero también por “las exigencias y posibilidades técnicas,
sociales y económicas”, que antes mencionamos.
Implementar
esta estructura -de forma profesional y con una “alta dosis de sentido común”-,
permitirá el logro de los estándares de eficiencia y eficacia necesarios
para cumplir cabalmente con las finalidades y funciones que se le exigen al
Defensor del Pueblo.
Se podría
comenzar desde la siguiente propuesta:
Este organigrama tentativo, nos permitirá iniciar una ronda de consultas
y discusión con todas aquellas personas o sectores que de alguna manera
pudieran aportar información, sugerencias y nuevas posibilidades, buscando que
-mediante una mayor participación ciudadana- se aporten más elementos de
juicio, en beneficio del logro de los objetivos arriba propuestos.
COSTOS.
La
implementación de la
Defensoría del Pueblo en Villa Carlos Paz, supone un nivel de
erogaciones presuntamente elevado pero no significativo, todo ello en
acuerdo al escenario en el que se plantee el análisis y considerando las
circunstancias y valoraciones sociales, económicas y políticas que podrían
entrar en pugna.
Como era de suponer, todos aquellos que ven en peligro su libre e indiscriminado manejo de la
“cosa pública”, han montado una campaña
de desprestigio hacia la figura del Defensor del Pueblo y, por lo
tanto, el viejo dicho popular de “miente,
miente que al final de creerán” adquiere una temible dimensión.
Esto exige que la cuestión económica de este Instituto
sea cuidadosa y prudentemente expuesta a la ciudadanía para que todos dispongan
de los necesarios elementos de juicio como para discernir que la implementación de estas nuevas formas de democracia
se realiza en favor de los derechos ciudadanos y el bien común.
El análisis de
la conveniencia del gasto para la
Defensoría del Pueblo, debe realizarse en orden a utilidad de
los servicios que aportará a nuestra localidad y sus vecinos. Su creación viene
a imponer un mayor control de las cuentas
municipales y a garantizar el apropiado
manejo de la “cosa pública” en beneficio de toda la comunidad.
El Defensor
del Pueblo impulsará el correcto uso de
los dineros del pueblo y por consiguiente producirá significativos ahorros al tesoro municipal. La sola circunstancia de que este funcionario exija el uso racional de los recursos públicos e
impida la existencia de más “pétalos de rosa, champagne y otros gastos
similares”, permitirá que el Municipio disponga de los fondos indispensables
para el cumplimiento de sus funciones.
También –de ser necesario-, podríamos realizar una
búsqueda creativa de nuevas fuentes de financiamiento para esta estructura que
pretende instrumentarse y así sería posible enunciar nuevas posibilidades administrativas, económicas y fiscales:
§
Restricción de los gastos operativos de las dependencias municipales
hasta alcanzar niveles mínimos, sin que esto llegue a poner en riesgo el
desenvolvimiento eficaz de la administración comunal.
§
Reducción
de gastos en publicidad y propaganda,
circunscribiéndolos tan sólo a la necesaria publicidad de los actos de
gobierno, sin que el gasto público se canalice al financiamiento de
campañas o promociones políticas, ajenas al bien común.
§
Racionamiento del empleo municipal mediante un minucioso estudio de la
estructura municipal, sus finalidades y los sistemas administrativos a
implementar, desde criterios de eficiencia y eficacia.
§
Análisis de los perfiles de cada
puesto o función y
de las capacidades requeridas a los agentes responsables. Dar preponderancia al
pleno respeto por la carrera administrativa municipal.
§
Implementación
de nuevas tasas que graven a
actividades que impliquen un riesgo para la población y su calidad de vida
(Vg.: el juego y otras actividades
similares)
§
Determinación
de zonas de riesgo ambiental y
establecimiento de tasas especiales
para los emprendimientos, actividades comerciales y/o industriales que afecten
de alguna manera nuestro entorno y calidad de vida.
§
Tasas que se establezcan para actividades que generen riesgos potenciales a la salud de las
personas o impliquen un peligro para la comunidad y sus ciudadanos.
§
Recursos provenientes de un régimen sancionatorio aplicable a toda
actividad que vulnere derechos ciudadanos (personales, colectivos o difusos) y
que provenga de personas (físicas o jurídicas), funcionarios, etc.-
§
Otras posibilidades cuya viabilidad y procedencia no
incida sobre los sectores socio-económicos más vulnerables.
Por
consiguiente, la instrumentación de la Defensoría del Pueblo no supondrá mayores gastos públicos sino que las
erogaciones a realizar -en perfecta armonía con los principios de igualdad
ante la ley, equidad, legalidad, razonabilidad y justicia- deben
entenderse como una inversión que
garantizará los derechos de las personas y nuestra libre determinación como
pueblo, a la vez que permitirá mejorar nuestra calidad de vida y contribuirá a
un adecuado crecimiento social.
ACCIONES A
PROGRAMAR
Sin lugar a
dudas, cumplir con las funciones y finalidades requeridas, exigirá el
estudio e implementación de un adecuado plan
de acción para el corto, mediano y largo plazo. Sin dejar de lado las
tareas de investigación y análisis que deban realizarse y toda
instancia de discusión necesaria, podríamos considerar las siguientes hipótesis de trabajo:
a) Sistematización de las tareas
administrativas, intentando lograr niveles adecuados de eficiencia y
eficacia (“…no sólo hacer las cosas
correctas, sino además hacerlas bien…”).
b) Establecimiento
de todas las relaciones interpersonales
e interinstitucionales suficientes y necesarias, que colaboren con el logro
de los objetivos propuestos.
c) Suscribir acuerdos interinstitucionales
y convenios con: personas físicas,
jurídicas, instituciones u organismos públicos o privados del orden municipal,
provincial o nacional y con otros de carácter internacional, a los
fines de garantizar el cumplimiento de las finalidades y funciones previstas,
de forma tal que se puedan lograr economías en la utilización de recursos (“uso
racional de los recursos”). En tal sentido, podríamos realizarlos:
§
Con
otras Defensorías del Pueblo (del
ámbito nacional, provincial o municipal), de manera que puedan instrumentarse políticas
de intercambio y cooperación, a
partir de la comunidad de intereses que existe entre estas instituciones
públicas.
§
Con
Centros Vecinales, a los fines de
que los mismos actúen como representaciones vecinales de la Defensoría del Pueblo y
se involucren en las actividades de este organismo. Un elemento de importancia
sería la constitución de un Concejo Consultivo Permanente
formado por un representante de cada centro vecinal. Este Concejo podría
desarrollar una inestimable labor de mediación entre la Defensoría del Pueblo y
los distintos barrios de la ciudad; posibilitando una mayor participación
ciudadana y facilitando la tarea del Defensor en cuanto a su intervención en
defensa de los derechos de los vecinos.
§ Con Colegios Profesionales, para
disponer de un mayor acceso al “saber experto” y con sensible reducción
de costos para el municipio y los vecinos. Además sería una importante
forma de facilitar su participación en la problemática de nuestra ciudad,
permitiéndoseles mejorar sus análisis e investigaciones al disponer de una
mayor información de los hechos cotidianos, que hacen a la vida de los vecinos.
§ Con Instituciones Intermedias, a los fines de lograr una mayor
integración de los sectores socio-económicos en beneficio del bien común.
§ Con organismos no gubernamentales, entendiendo que existe una gran “comunidad
de intereses” entre ellos y la Defensoría del Pueblo. La instrumentación de formas
cooperativas de trabajo y desempeño, brindará mayores beneficios a la
población y a los sectores más críticos de nuestra sociedad.
§ Con sectores empresarios (y/o con sus correspondientes Fundaciones),
a partir de la demanda de mayores niveles de responsabilidad social a
las empresas y contando con la creciente preocupación de los empresarios para lograr la construcción de vínculos duraderos con
la comunidad en la que se desarrollan sus empresas.
d) Diseño de programas sociales, cuya implementación
podrá impulsarse desde las distintas áreas de la Defensoría del Pueblo
(o del Municipio) en forma directa o bien a través de convenios como los
indicados en el punto c). Estos
programas podrían responder a las siguientes finalidades:
§ Juventud, adolescencia y niñez
§ Alcoholismo, drogadicción y otras
dependencias adictivas.
§ Educación
y formación del ciudadano.
§ Formación empresaria y laboral.
§ Reemplazo de planes asistencialistas
por medidas que tiendan a la autogestión de las personas y el desarrollo económico
de la sociedad en su conjunto.
§ La microempresa como instrumento para
el desarrollo económico-social y el crecimiento personal.
§ La mujer y su rol en la sociedad.
§ Relaciones vecinales, cooperación y
solidaridad.
§ Comportamientos éticos y valores
sociales.
§ Salud e higiene.
§ Jerarquización social de la tercera
edad.
§ Asistencia integral del adulto y el
anciano.
§ Integración, marginación y
discriminación en nuestra sociedad.
§ Fortalecimiento de soberanía del
pueblo y de sus derechos políticos.
§ Protección de los derechos personales
y de los colectivos o difusos.
§ Otros.
e) Implementación
de un libro de reclamos, que permita
–además del cumplimiento de obligaciones formales- llevar un adecuado registro
institucional de las cuestiones que se sometan a consideración del
Defensor del Pueblo.
f) Acciones directas en razón
del cumplimiento de las atribuciones y deberes asignados (investigaciones,
intervenciones de oficio o a petición de parte, juicios, reclamos, sugerencias,
recomendaciones y/o propuestas, etc.).
g) Realización
de cursos, seminarios, conferencias
y otras actividades, que permitirán la formación de ciudadanos comprometidos,
responsables y autónomos; a la vez que brindarán a los vecinos una mayor
información respecto a cuestiones cotidianas que hacen a nuestra vida en
comunidad.
h) Creación y
mantenimiento de una página “WEB” y
presencia en todas las redes sociales, de manera que los vecinos y público en
general puedan acceder libremente a toda información relativa a la actividad de
la Defensoría
del Pueblo, así como también a los efectos de poner a su disposición un ámbito
de participación y asesoramiento sobre temas y actividades que hagan a nuestra
vida cotidiana (cronogramas de actividades programadas, manual del ciudadano,
defensa del consumidor, nuevas disposiciones legales, comunicaciones
institucionales, actividades de los centros vecinales, etc.).
i) Emisión de
boletines informativos y/o folletería de utilidad para los vecinos.
j)
Otras posibilidades.
CONSIDERACIONES
FINALES
No cabe lugar a dudas
que las actividades del Defensor del Pueblo estarán determinadas
fundamentalmente por los distintos acontecimientos sociales, políticos y
económicos que se presenten y que -de alguna manera- condicionarán y afectarán
la vida de los vecinos en nuestra localidad.
De allí también, que
nuestra propuesta se centre en una acción comprometida con los vecinos pero a
la vez –concientes de las limitaciones
en cuanto a recursos y apoyo por parte del poder político-, impulsamos una
interrelación con toda la estructura social de nuestra ciudad y apelamos a una
mayor participación ciudadana y un mayor involucramiento social de
todos los vecinos.-
Septiembre
de 2008
José Luis Rigazio.
“El
hombre que no presta atención a los problemas de su ciudad,
no es un pacífico
habitante sino un mal ciudadano”.- (Pericles).-
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